El Artículo 123 de nuestra Carta Magna señala que: "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos, y la
organización social para el trabajo, conforme a la ley". A pesar de ello,
durante el tercer cuatrimestre del presente año, los datos laborales
manifiestan que en México unos 2.4 millones de personas no tienen acceso a una
fuente de empleo que pueda garantizar solvencia económica para alimentar y
sostener a su familia.
Derivado
de lo anterior, surge una interrogante, conforme a lo que estipula nuestra
Carta Magna, que señala como un derecho constitucional el acceso a un trabajo
digno y socialmente útil para cada uno de los mexicanos que habitamos el
territorio nacional: ¿Es el estado mexicano garante de este derecho ciudadano?.
Antes
de contestar lo anterior, debo de hacer referencia algunos datos oficiales que
arroja la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015 (ENOE), del Instituto
Nacional de Estadística Geografía e Informática, (INEGI), así como el Consejo
Nacional de Evaluación de la Pobreza, CONEVAL, y que nos ayudarán a dar
claridad a la correcta interpretación y contestación de la interrogante.
De
conformidad con lo estipulado líneas arriba, es menester señalar que durante el
octavo mes del año la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 4.3% de la
Población Económicamente Activa, misma tasa que la del mes inmediato anterior,
de acuerdo con el INEGI, al presentar la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo; lo que quiere decir que unas 2.4 millones de personas no tienen acceso
a una fuente de empleo, eso sin mencionar que actualmente en nuestro país, hay
unos 52 millones de ciudadanos empleados en la informalidad, (ENOE 2015) y que
de acuerdo con el Consejo Nacional de evaluación de la Pobreza CONEVAL, señala
que el 41.7 por ciento de la población económicamente activa no puede alimentar
a todos los integrantes de su familia con los ingresos generados en el hogar,
lo que pone en tela de juicio al estado mexicano; Que ante tales cifras, no se
convierte en un garante del desarrollo y sostenimiento de los ciudadanos
mexicanos, violando lo que estipula nuestra constitución y deteriorando el
estado de derecho, dejando a los mexicanos en un estado de indefensión
jurídica-social ya que ante la precariedad de nuestras instituciones, y ante la
falta de estrategia para garantizar los derechos constitucionales de los
ciudadanos, la población atraviesa una crisis, no sólo de generación de empleo,
sino que también, las cifras antes mencionadas, evidencian las serias
dificultades con las que las familias mexicanas alimentan a sus familias, y son
violentadas en los derechos fundamentales que consagra nuestra constitución.
Es por
ello, que he de referirme a las medidas gubernamentales que deberían (al menos
en teoría) de garantizar el libre
desarrollo humano de los ciudadanos mexicanos, y no consagran los derecho
humanos estipulados en nuestra Carta Magna, ya que como hemos mencionado a
supra líneas, es inadmisible que en la
actualidad haya ciudadanos que no puedan ni siquiera alimentar sanamente a sus
familias.
De tal
suerte, que, debemos señalar como último
párrafo, que ya es tiempo de que nos convirtamos en críticos, de nuestro
sistema de gobierno, del actuar de nuestros representantes, del monopolio de
los medios de comunicación, de la acumulación de riqueza en unas cuantas manos,
de la discriminación a los diversos grupos vulnerables como es el caso que nos
ocupa; y por supuesto, es necesario, que generemos una sociedad más crítica y
pensante; Que pugne por qué se respete el estado de derecho, y se cumpla cabalmente con lo estipulado en el artículo 39 constitucional, que
manifiesta que: "La soberanía nacional, reside esencial y originariamente en el
pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la
forma de su gobierno". Así que naturalmente, como respuesta a la
pregunta antes formulada, debo contestar que: si una autoridad no garantiza los
derechos de los mexicanos, debemos exigir que se modifique para que pueda ser
una herramienta útil e indispensable para consagrar las necesidades de nuestra
gente, y cumplir con lo estipulado en nuestra constitución.
Hasta la próxima.